Iglesia denuncia la violencia en Chiapas; crimen asola a pobladores
El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Rodrigo Aguilar Martínez, se reunió de forma urgente con Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno del estado, por la violencia que se ha registrado en zona Altos, en el marco de la conmemoración del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El obispo ofreció pruebas de distintos casos donde la gente ha tenido que dejar su comunidad por el miedo a represalias, principalmente de banda del crimen organizado.
Otro de los puntos que monseñor Aguilar expuso a Flores en la reunión en la que también participaron José Luis Bezares Selvas, representante de la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; José Manuel Figueroa Díaz, fiscal de Distrito Altos de la Fiscalía General del Estado, y Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue que en las comunidades, principalmente de población tzotzil, temen que esos actos de violencia incrementen con las próximas elecciones del 2 de junio, cuando se elija al nuevo gobernador.
Figueroa Díaz le informó al obispo y al representante del vicario de Justicia y Paz, Bezares Selvas, que las autoridades a su cargo participan en coadyuvancia con la FRG y otras autoridades.
Le hizo saber que es de capital importancia que las personas o familias que ha sido víctimas de alguna extorsión o presión de parte de algún supuesto grupo criminal deben de denunciar para que ellos puedan investigar.
La reunión entre el obispo Aguilar Martínez y la secretaria de Gobierno Flores Pérez se realizó el 26 de diciembre en la sede del gobierno de estado. Cinco días antes, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas hizo público un comunicado que tituló Un grupo de paz silenciado por las armas, sobre la violencia en otra región del estado: la frontera-sierra.
El documento, firmado por el obispo Aguilar Martínez, denuncia que en el estado de Chiapas “estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana en dicha disputa, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.
De acuerdo con la Diócesis chiapaneca, desde hace más de dos años la región fronteriza-sierra sufre los azotes de la violencia manifestada en amenazas, hostigamientos, cobro de piso, intimidaciones, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos de bienes materiales, “retenes”, “cobro de paso”, el saqueo y explotación minera que aún continua bajo amenazas e intimidaciones a autoridades ejidales y comunidades con la presencia de personas armadas y un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos.
Vemos, escuchamos, sentimos y acompañamos el dolor, el sufrimiento y el grito desesperado de paz de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos que están padeciendo esta situación sin que hasta el momento hayan sido respondidas sus demandas de seguridad, de justicia y paz. El crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados, secuestrados, intimidados y amenazados, vulnerándolos cada día más. Nos preocupa enormemente la situación actual de estos pueblos: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, Bella Vista, La Grandeza, Altamirano, Maravilla Tenejapa y otros silenciados por las armas”, dice el comunicado diocesano.
Por lo que hace a la reunión urgente del martes pasado, la secretaria General del gobierno chiapaneco le informó al obispo y al vicario que harán llegar la información proporcionada a los encargados de las mesas de seguridad para que se tomen las decisiones al respecto; también que se “invitará” a la FGR y a la Sedena para que tengan conocimiento de los actos que sean de su competencia, a fin de solucionar esta problemática.
En el despacho de la secretaria general de Gobierno están las notificaciones de distintos ediles donde denuncian las actividades de la delincuencia organizada en sus respectivos municipios.
También se conocen los comunicados de las Fuerzas Armadas donde se refieren actividades ilícitas. Tanto las denuncias de los ediles como los reportes federales son materia de trabajo en las mesas de coordinación estatal de seguridad para que las autoridades estatales atiendan la situación sociopolítica que permita la actuación de las instancias federales.
El comunicado de la Diócesis del pasado 21 de diciembre sobre la situación de violencia en la zona frontera-sierra de Chiapas, denunció “gente armada a bordo de camionetas, Urvan y motocicletas ingresan a diversas comunidades sacando a la gente de sus casas; en otras comunidades se dirigen a las autoridades ejidales amenazándolos de muerte e intimidándolos para que se sumen a su organización criminal”.
Denunció la Diócesis que en todos los ejidos el crimen organizado exige a las autoridades que les den una lista de la gente que allí viven y que dicen formarán parte de ellos y así puedan quedarse en su comunidad y los que no quieran unirse a ellos serán expulsados de la comunidad.
Nos duele la incertidumbre, la inseguridad y el dolor con que muchas familias viven esta situación sin ser escuchadas, sin tener a quien o donde se atiendan sus demandas, pues en otras ocasiones al denunciar han quedado vulneradas, por estar algunas personas pertenecientes a las instituciones de seguridad y justicia del estado coludidas con los grupos criminales, y por tanto después de denunciar han sido hostigadas y han tenido que dejar sus hogares y sus pertenencias que tanto les ha costado”, refiera la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
